Por SHUANG SHUANG

XIAO Li nació en 1980, cuando en China la Política de Planificación Familiar (PPF) se encontraba en pleno apogeo. Tres años antes su madre había dado a luz a otro niño, por lo que su llegada al mundo fue, como él lo describe, "un acontecimiento inoportuno". Debido a ello, su mamá perdió su puesto como médico en el hospital del distrito.

Un trabajo ingrato

La infancia de Xiao Li transcurrió en las zonas rurales de la provincia de Hebei, en la casa de sus abuelos maternos. Las multas a los matrimonios que tenían un segundo descendiente eran comunes entonces en el pueblo. Uno de sus amigos, recuerda, fue nombrado "Ocho mil", por los 8.000 yuanes que sus padres tuvieron que pagar cuando él nació. Otra familia, añadió, "como no logró cubrir la multa, tuvo que presenciar la destrucción de la casa que habían heredado de sus antepasados sin poder hacer nada", lo cual para los campesinos es una gran humillación, al igual que en el caso del lugar donde yacen los restos de los predecesores.

China experimentó un auge en la natalidad a mediados de los años 60 del siglo XX. En 1970 la población del país había crecido hasta alcanzar los 800 millones de habitantes, 300 millones más que en 1949. La PPF, desde los años 70, estimuló inicialmente la posibilidad de tener dos niños por pareja, pero el Gobierno endureció su actitud y modificó la disposición, limitando la procreación a un solo retoño por familia, lo que se hizo cumplir apelando incluso a medidas punitivas administrativas y económicas.

En la década del 80, las multas eran las medidas más comunes para los que tenían más de un niño. En las zonas rurales se solían ver consignas como "Las familias que tengan un segundo hijo corren el riesgo de perder toda su fortuna". En la década del 80, cuando el ingreso anual per cápita rural calculado por el Ministerio de Agricultura alcanzó los 437 yuanes, la multa promedio por un segundo nacimiento llegó a los 10.000 yuanes, según los cálculos del demógrafo He Yafu. Estas sanciones exorbitantes obligaron a muchas familias pobres a alejarse de su pueblo natal, para ganar más dinero.

La aplicación de la Política de Planificación Familiar era muy difícil en las zonas rurales, donde existían arraigadas tradiciones de familia y linaje, especialmente cuando la reforma económica rural acentuó las obvias ventajas de la labor agrícola basada en familia individual. La ausencia de procesos de regulación legal también había generado corrupción y multas arbitrarias. Habitantes de las zonas rurales, por consiguiente, fueron hostiles hacia esta regulación de los nacimientos y los encargados de hacerla cumplir fueron comúnmente despreciados.

La política encontró menos oposición en las zonas urbanas, donde los habitantes gozaban de mejor bienestar y los empleados estatales no querían correr el riesgo de perder su trabajo por tener más hijos.

En 2007 el campesino Yang Zhongchen y su esposa, de la provincia de Hebei, presentaron una acusación ante la Administración Demográfica y de Planificación Familiar local solicitando una compensación. El hecho es considerado el “primer caso relacionado con la Política de Planificación Familiar procesado por los órganos judiciales de China”. Sun Maohang, abogado del demandante, declaró que “no importa el resultado de la interpelación, el asunto puede ser aceptado y entrar en el proceso judicial, así como ser resuelto por las vías legales, es un progreso”.

En el año 2000,Yang, de 32 años, y su esposa, 12 años más joven que él, quien ya estuvo embarazada, fueron a registrar su matrimonio. Cuando el esposo llegó al departamento local de Planificación Familiar, para tramitar la licencia necesaria para tener un niño, o sea, el Certificado de Autorización del Parto, se encontró con problema. Conforme a la política vigente entonces, aunque se trataba del primer hijo del matrimonio, la pareja también tenía que solicitar el documento, sin él no se le permitiría procrear. Esta autorización ha sido cancelada en algunas regiones y los progenitores que buscan su primogénito no tienen que solicitarlo.

Según reglamentos correspondientes, el caso de Yang Zhongchen pertenecía al casamiento tardío y no debería encontrar problemas al solicitar el certificado. Pero como su esposa estuvo embarazada antes de contraer matrimonio, de acuerdo con los reglamentos locales, la pareja tendría que pagar una multa. Aunque Yang estaba de acuerdo en hacerlo, por varios motivos, ellos no consiguieron la autorización y un día los trabajadores de Planificación Familiar llevaron a su mujer al hospital, para que le fuera practicado un aborto.

Después, su mujer nunca pudo volver a salir embarazada, por lo que el matrimonio comenzó a presentar su demanda ante los organismos oficiales de distintos niveles. Según los reglamentos de los años 80 del gobierno del lugar de residencia de Yang, sin la autorización para el parto, se debía proceder al aborto. En realidad, en aquella época, el Ministerio de Salud prohibía obligar a las mujeres en estado de gestación avanzada a someterse a una interrupción, cláusula que fue remendada en la década del 90 del siglo pasado.

Equidad y justicia para todos

En 2002 se ejecutó en China la primera ley nacional de Población y Planificación Familiar, como una solución al problema del “abuso de poder por los funcionarios dedicados a la planificación familiar y los dirigentes de entidades de base. Se requerían instrumentos jurídicos para regularizar y restringir la acción de las personas encargadas”, señaló Zhang Weiqing, director de la Comisión Estatal de Planificación Familiar. Esta legislación prohíbe el aborto obligatorio y estipula que en la aplicación de las regulaciones vigentes no se violen los derechos personales, de propiedad y otros derechos legítimos de los ciudadanos.

Gu Xiulian, vicepresidenta del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, declaró en 2005 que “el Gobierno chino está en contra de cualquier tipo de acciones punitivas y coercitivas y prohíbe el aborto obligatorio y la operación del control de la concepción obligatoria”.

La ley terminó con las sanciones pecuniarias arbitrarias contra las parejas que daban a luz más de un hijo, y las sustituyó por un solo pago de “compensación de crianza social”, porque de todos modos, el nacimiento de un mayor número de bebés añade tensión a la sociedad y a los recursos públicos. “De esta manera, se reduce el deseo de muchas parejas a tener más de un niño, pero en lo tocante a las familias ricas, tiene el efecto contrario”, consideró el demógrafo Wang Feng.

Efectivamente, la recaudación de la compensación de crianza social ha restringido la intención de tener más de un descendiente en las parejas de bajos o medianos ingresos. Sin embargo, para aquellos matrimonios con una posición económica solvente, significa que con el pago de una suma de dinero, ya se les permite tener más niños. Hoy en día, los nacimientos extras en familias ricas, sobre todo de las celebridades y figuras públicas, llaman mucho la atención del público, porque, por una parte, son foco de los medios de comunicación, y por otra, la constante revelación de las sumas increíbles de indemnización genera amplios debates.

El demógrafo Li Weixiong sostiene que una mayor tasa de natalidad entre las minorías opulentas tiene poco impacto en el control de la población. Más problemático es el efecto de sus acciones, que violan los principios de justicia y equidad para todos.

De 2002 a 2005 hubo 84 casos de ricos con un segundo hijo en Shanghai, lo que representa el 7,17 por ciento del total de la ciudad, y 12 casos en Dalian, según cifras publicadas por las comisiones locales de Planificación Familiar. Muchos matrimonios de altos ingresos esperan tener dos o más niños, preferentemente varones, porque observan que el hijo único será socialmente menos capaz cuando se convierta en adulto y, por otro lado, quieren tener más herederos de los bienes familiares. El deseo de traer al mundo más de un descendiente motiva a las parejas ricas a ir al extranjero para dar a luz, a recurrir al divorcio y celebrar segundas nupcias, o simplemente pagar enormes compensaciones sociales.

Los importes de indemnización varían de un lugar a otro. Las parejas en Beijing tienen que pagar una compensación equivalente a tres u ocho veces el ingreso per cápita anual de los habitantes de la ciudad. Las de Hunan pagan de dos a seis veces el ingreso anual del infractor, y si se trata de bigamia o nacimiento ilegítimo, el castigo sube de seis a ochos veces. Este territorio ha cobrado 1,3 millones de yuanes por ese concepto en un caso, y la ciudad de Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, reportó que hasta agosto de 2008 tres casos de cobro, cada uno de ellos de más de un millón de yuanes.

Las comisiones locales de Planificación Familiar están formulando criterios más estrictos para los matrimonios de altos ingresos. Deng Xingzhou, director de la Comisión de Población y Planificación Familiar de Beijing, reveló que las nuevas revisiones sobre la ley apoyan la imposición de multas más elevadas a los ricos que las contempladas para la gente común y corriente.

Algunos académicos están a favor del cobro de indemnizaciones más fuertes a los ricos. Creen el hecho de tener hijos es un consumo. Y con los tributos recaudados entre las parejas acaudaladas se realiza una "redistribución de la riqueza social", que contribuya a promover el progreso social en sentido de largo plazo.

Otros dudan de la legitimidad del régimen. Qiao Xiaochun, especialista del Instituto de Investigación Demográfica de la Universidad de Beijing, cree que ese flagrante sesgo en la política local posibilitará la reaparición de las "sanciones punitivas" arbitrarias en las zonas rurales.

Un argumento más apunta a que todas las personas, ricas o pobres, deben estar sujetas a un criterio común, incluyendo los asuntos de la procreación. Además, las sentencias discriminatorias provocarán resentimiento social y constituyen una sanción por ser ricos.

Li Ruojian, director del Instituto de Investigación Demográfica y de Desarrollo de la Universidad de Sun Yat-sen, sostiene que los reglamentos oportunistas afectarán seguramente el proyecto de control demográfico del país, por la apertura de tan sólo un vacío legal, que permite a las parejas tener tantos hijos como gusten, con la condición de pagar la compensación.

La atención pública también se concentra en los trabajadores del Gobierno, quienes aprovechan su autoridad para poder tener más descendientes. En realidad, es una conducta de corrupción. Muchos insisten en que los funcionarios que violan el reglamento se deben someter a multas por encima de la cantidad establecida. Existen reportes sobre cargos que perdieron sus puestos oficiales por abusar de sus atribuciones al respecto y, en ocasiones, fueron expulsados de las filas del Partido Comunista de China (PCCh). En algunas localidades se han promulgado estipulaciones para que los violadores no puedan asumir cargos oficiales durante un período de tres años una vez cometida una falta de este tipo.

Premio a quien acata la ley
De acuerdo con las políticas de natalidad, a los cónyuges que respeten la planificación familiar, el Estado les dará prioridad en aspectos como la seguridad de la vejez, seguro social, tratamiento médico y seguro de procreación. En 2004, el Gobierno chino empezó a aplicar un sistema auxiliar de planificación familiar en zonas rurales, cuyo contenido es premiar anualmente con 600 yuanes a las uniones conyugales legales, respondiendo a dicha política, y extender el premio durante toda la vida.

Según el demógrafo Liu Junzhe, la transformación de la regulación de “multar a las familias infractoras” por la de “premiar a los matrimonios que actúan dentro de la ley” pone de manifiesto que China ha respetado en mayor medida los derechos humanos en la aplicación de la Política de Planificación Familiar. Para las parejas que insistan en tener más niños de los que les permite la legislación vigente, también lo permitimos, comentaron los funcionarios de la Comisión Estatal de Planificación Familiar.

Zhang Weiqing, director de la Comisión Estatal de Planificación Familiar, subrayó que la PPF de China no es la llamada “política de sólo un parto” que imaginaba Occidente. En las ciudades, los matrimonios en los que los dos miembros sean hijos únicos pueden tener su segundo niño. En las zonas rurales, “la política de un parto” se emplea sólo en Beijing, Tianjin, Shanghai, Chongqing, Jiangsu y Sichan; mientras en Qinghai, Ningxia, Yunnan, Xinjiang y Hainan, una pareja puede tener dos niños. Las parejas de las minorías étnicas de la zona ganadera de Xinjiang pueden tener tres o cuatro retoños. Además, en la mayoría de las provincias, las familias rurales pueden tener su segundo niño, si su primer parto fue una niña; en tanto en las áreas rurales del Tíbet no se ponen límites a la natalidad. Según los análisis del demógrafo Shao Yifu, siguiendo las directrices actuales, un 63,1 por ciento de los cónyuges tienen un solo parto, un 35,6 por ciento procrean por segunda vez y un 1,3 por ciento de las uniones pueden buscar su tercer retoño.

Ahora, con el mejoramiento del nivel de vida, los aldeanos, en su mayoría, quieren tener un par de niños, lo que les da más tranquilidad. Y lo que sucede frecuentemente es que los funcionarios encargados de la Planificación Familiar generalmente no intervienen y las parejas pueden cumplir su deseo y pagar la compensación de crianza social después del parto, comentó Xiao Li.