¿A quién beneficia la nueva Ley de Contrato Laboral?

Por LARS MÖRKING

El 29 de junio, luego de un prolongado período de debate y amplia participación pública, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN), máximo órgano legislativo de China, adoptó la Ley de Contrato Laboral, que entrará en vigor el 1 de enero de 2008.

La decisión llegó antes de lo esperado y como resultado directo de las más recientes informaciones de los medios de prensa sobre la explotación de obreros en los hornos de ladrillo de la provincia Shanxi y otros ejemplos de incumplimiento del salario mínimo estatal y regulaciones sobre las horas de trabajo, principalmente por empresas estadounidenses.

Estos “escándalos” que revelaron las condiciones de trabajo imperantes actualmente en China se convirtieron en la comidilla de la prensa nacional. La nueva Ley de Contrato Laboral, por lo tanto, es una señal socio-política que no pueden ignorar los empleadores en el país asiático, especialmente en vista del reclamo del gobierno central a favor de progresos inmediatos en temas sociales, así como el deseo del pueblo chino de ver resultados concretos.

Oponiendo resistencia a mejoras necesarias

Fábrica japonesa de zapatos en el distrito de Huai´an, provincia de Jiangsu.

La prensa extranjera asume diferentes posiciones en el tema de las condiciones laborales de China. Mercancías importadas baratas de China y la ostensible amenaza que suponen para las industrias nacionales de Estados Unidos y Europa los bajos costes de producción de los productores chinos, dominan los titulares. Términos tales como “dumping social” se utilizan para agravar los temores de la feroz competencia.

Los esfuerzos de cabildeo por parte de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Cámara de Comercio europea y el Consejo Comercial China-EE.UU. representan indistintamente a importantes inversores foráneos, tales como Nike, Dell, General Electric, Microsoft y Ford, quienes –hace algunos meses- amenazaron con retirar su inversión de capital de China, donde se aprobaría la nueva Ley de Contrato Laboral.

Las firmas extranjeras pueden temerle a los estándares laborales justos; sin embargo, los sindicatos europeos y estadounidenses acogen con beneplácito el proceso legislativo. La federación sindical estadounidense “Change to Win” le ha brindado su apoyo a sus homólogos chinos en la lucha por la defensa y/o aplicación de los derechos laborales en China. Entre tanto, los cabilderos de Europa y Estados Unidos han agotado todos sus recursos para eliminar muchas de las mejorías planteadas en la propuesta del proyecto de ley. Los términos actuales de la ley asumen tanto los numerosos comentarios de las organizaciones sindicales chinas, donde se originaron la mayoría de las 190 mil o más declaraciones recibidas, como las demandas de las asociaciones comerciales. Todavía algunas compañías se quejan de lo que a su parecer es un compromiso inmundo con los sindicatos:

Expertos laborales internacionales aseveraron que algunas de las cláusulas más delicadas han sido diluidas. No obstante, los abogados representando a ciertos emporios se quejaron de que la nueva regulación todavía imponía una pesada carga. “Será más difícil administrar una compañía aquí”, declaró Andreas W. Lauffs, jefe del grupo de la ley de empleo de Baker & McKenzie, que representa a muchas de las grandes corporaciones estadounidenses en China. (New York Times: 30 de junio de 2007)

¿Acaso estos “actores mundiales” no deberían traer junto con sus inversiones estándares laborales justos a los países en vías de desarrollo?

En el pasado reciente, las empresas extranjeras en China perdieron su reputación de “compañías modelos”. Wal-Mart, por ejemplo, se opuso enérgicamente a la formación de comités sindicalistas en su empresa e, incluso, fijó precios extremos a los suministradores chinos, pese a que el sentido común indicara que tales demandas no podrían cumplirlas, en principio, los abastecedores acorde a las provisiones legales estatales (salarios mínimos, límites a las horas de trabajo, bonificación por tiempo extra, etc.) No fue hasta que los sindicatos y el gobierno central ejercieron una fuerte presión sobre Wal-Mart para que permitiera los comités sindicales dentro de su compañía, que la administración corporativa suavizó el tono.

Las cadenas de comida rápida como McDonald’s, Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken intentaron burlar las regulaciones válidas contratando empleados vía agencias. La experiencia china en negociaciones con empresas extranjeras indica que las principales corporaciones reconocidas mundialmente priorizan los beneficios antes que la justicia. Las empresas estadounidenses y europeas tienen sus propias ideas de cómo contribuir al bienestar social: la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es su mantra mágica. Este es un sistema que favorece los acuerdos voluntarios sobre las provisiones legales en términos de participación obrera. La RSC es una medida PR similar a la campaña de caridad que tiene ciertos objetivos sociales o metas ambientalistas limitadas. Sin embargo el permanente establecimiento y ampliación de los principios sociales, ecológicos y democráticos no es un concepto de RSC ni mucho menos, sino, por el contrario, algo más propenso a ser preventivo. El objetivo de la RSC es únicamente cambiar la imagen de los nombres de las marcas corporativas, pese a su constante e intensa explotación y ausencia de participación obrera. La RSC es elogiada como una contribución voluntaria a la sociedad que parece traspasar las fronteras de las obligaciones legales, mientras a los sindicatos se les niegan frecuentemente sus derechos legales. Generalmente no existe un presidente a tiempo completo de un sindicato y mucho menos un comité sindical para las obreras en las grandes compañías donde lo exige la ley. Aunque los dos desempeñan funciones operativas de gran importancia, los comités sindicales de China se asemejan, más o menos, a los consejos obreros alemanes, puesto que representan los intereses de los trabajadores por la participación en y/o consulta con la administración. Los comités sindicales de las obreras del sector comercial apoyan a las empleadas en sus carreras ocupacionales.

¿Cuáles son los puntos clave de la nueva Ley del Contrato Laboral?

Obreros de la línea productiva del Grupo Cervecero Tsingtao usando máscaras protectoras.

La nueva Ley del Contrato Laboral (LCL) complementa las regulaciones de las existentes leyes de los Sindicatos y Laboral. Uno de sus cambios más importantes es que hace obligatorio la redacción de un contrato laboral para todos los empleos. Incluso, aún cuando no haya acuerdo por escrito, los derechos legales y responsabilidades tanto para los empleadores como los empleados son de estricto cumplimiento. (LCL §10 y §11). Además, los contratos laborales a plazo fijo son considerados excepcionales y tienen que ser limitados (§ 14). Actualmente, más del 60 por ciento de los contratos laborales se firman como contratos a corto plazo por menos de un año. Otro aspecto de gran significación –particularmente para los nuevos empleados- son las regulaciones sobre los períodos de prueba.

La Ley del Contrato Laboral plantea que:

Si se firma un contrato laboral por no menos de tres años o sin plazo definido, el período de prueba no puede exceder los seis meses.

El empleador puede estipular solamente un período de prueba con un trabajador dado. (§ 19)

Los sindicatos tienen que negociar y sellar los contratos colectivos en los que se aplique el “principio del favorecido” (en el cual los contratos y regulaciones estipuladas no pueden quedarse por debajo de los estándares de cada nivel superior). Como consecuencia, las organizaciones sindicales locales juegan un papel importante en la concreción, interpretación y aplicación de la ley:

Los estándares para las condiciones de trabajo, tasas de compensación laboral, etc., estipulados en el contrato colectivo deben ser superiores a los estándares y tasas mínimos prescritos por el gobierno popular local. Los estándares para las condiciones de trabajo, tasas de compensación laboral, etc., estipulados en el contrato de empleo entre el empleador y el empleado no pueden quedarse por debajo de los establecidos en el contrato colectivo. (§ 55)

Por otra parte, la nueva Ley del Contrato Laboral especifica que si una compañía “reduce la fuerza laboral en 20 o más personas o en un número de personas menor que 20 pero que representa el 10 por ciento o más del número total de los trabajadores de la empresa, el empleador deberá explicar las circunstancias a su sindicato o a todos sus empleados con 30 días de anticipación y solo podrá reducir la fuerza laboral luego de considerar las opiniones del sindicato o los obreros” (§ 41). El Departamento de Administración Laboral tiene que ser informado y solo se procederá a recortar el personal siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones (dificultades económicas, conversión de la producción, etc.).

Práctica Legal

Visto como un todo, es evidente que el gobierno se percató de que en la lucha entre el obrero y el capital, el empleado sigue siendo el eslabón más débil de la cadena a menos que éste intervenga en su nombre o mientras que ningún sindicato esté involucrado. A la Ley del Contrato Laboral se añadirán otras regulaciones porque se hace necesario plasmar los derechos de los empleados sin ambigüedades para que se puedan cumplir dentro de la práctica legal aplicable. Además de concretar las regulaciones legales, haciéndolas aplicables, también se realizan esfuerzos ingentes en diferentes áreas para hacer que la práctica legal se corresponda con la ley escrita. Hasta el momento, construir un estado constitucional sigue siendo el principal desafío a la reforma y apertura de China. Las oficinas de ayuda legal administradas por los sindicatos, la administración laboral e iniciativas privadas han intentando durante años garantizar los reclamos legítimos de los obreros. Aunque todavía hay una carencia de asesores calificados, la conciencia del obrero sobre las regulaciones legales ha aumentado. Esto se pone de manifiesto en el creciente número de disputas laborales formalmente iniciadas por los trabajadores y presentadas al arbitraje de disputas laborales o a los tribunales populares locales.

Una compañía exportadora de lavamanos en el distrito de Huai´an, provincia de Jiangsu.

Por si fuera poco, las informaciones de los medios de prensa han ejercido una notable influencia en el interés público por el tema. La revelación de flagelos sociales y la “legitimación” del conocimiento público de las protestas de los obreros han obligado a los gobiernos locales a tomar cartas en el asunto. En el pasado, algunos no estuvieron a la altura de sus responsabilidades como organismos supervisores. En opinión de Yang Jingyu, presidente del Comité Legal de la AP, “menos del 20 por ciento de la pequeña y mediana empresa o compañías privadas firmaban contratos con los empleados, buscando reducir los costos o evadir el pago de las cuotas del seguro social” (Diario de Pueblo: 24 de julio, 2007). El ministerio de Seguridad Social y Laboral asegura que China espera proteger con la firma de contratos laborales formales al 90 por ciento de su fuerza laboral a finales de 2007 –antes de que la Ley del Contrato Laboral entre en vigor. Esto no solamente aumentaría con creces la seguridad legal sino que conduciría a un sustancial incremento del ingreso de los obreros que perciben salarios muy bajos. Anita Chan, experta en relaciones laborales de la Escuela de Investigación de Estudios Asia Pacífico de la Universidad Nacional de Australia, considera el alza en el salario de los obreros emigrantes un resultado directo de la aplicación de la Ley del Contrato Laboral en el 50 por ciento o más. Si se cumplen estrictamente las regulaciones legales sobre la compensación (salarios mínimos, bonificaciones por tiempo extra, etc.), la legislación tendrá un gran impacto en la situación de los obreros que perciben los salarios más bajos en China.

Las relaciones laborales en China todavía están lejos de ser universalmente institucionalizadas y varían considerablemente de una provincia a otra y también de una empresa a otra. Entre tanto, la terminología legal ayuda a llenar muchos de los vacíos en la práctica legal. En estos momentos, los obreros emigrantes – catalogados en el pasado como la fuerza laboral más barata, pueden reclamar sus derechos legales y ser bienvenidos como miembros de los sindicatos chinos. “La situación de los obreros en China está en constante cambio. Por eso sigo siendo optimista y espero que la protección al trabajador mejore gradualmente”, declaró Constance Thomas, directora de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) para China y Mongolia. El objetivo común es crear relaciones laborales ‘armoniosas’ en el futuro cercano. De ahí que la Ley del Contrato Laboral sea un gran paso en ese sentido.

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