Abolir o no la pena capital

—por qué se oponen los expertos y la gente común

por LIU HAIMING

En la cuarta reunión de instituciones legales de Alemania y China, Cao Kangtai, director de la Oficina Legal del Consejo de Estado de China, reveló que a largo plazo China abolirá la pena de muerte. Sus palabras  generaron nuevas expectativas y polémicas públicas sobre este tema tan importante.

En el sector jurídico ya no existe mucha disputa: Los expertos sostienen el criterio de abolir la pena de muerte. Sin embargo la mayoría de la gente común mantiene la opinión opuesta. El informe ofrece una serie de datos: En enero de este año, el 75,8 % de la población de la parte continental de China abogó firmemente por conservar la pena capital; sólo un 13,6 por ciento apoyó la abolición. En la provincia de Taiwán, donde han decidido abolir la pena de muerte, el 71,1% está en contra. En el año 1981, cuando el Senado de Francia discutía la posibilidad de abolir dicha pena, los franceses que se opusieron al proyecto alcanzaron 62 %.

¿Por qué hay tanta discrepancia entre los expertos y la gente común? Quizás el argumento más convincente sea que simplemente la gente común ignora el espíritu de la ley. Podemos analizarlo en tres aspectos:

Primero, el humanismo, un concepto importado del extranjero, no tiene la fuerza para vencer a corto plazo la opinión tradicional. Los chinos heredamos de la antigua China el criterio de procurar  venganza por la injusticia, o pagar con la misma moneda. La existencia de la pena de muerte corresponde al concepto de valor y la psicología de los chinos. A juicio de mucha gente, la pena de muerte es un medio necesario para aplicar el castigo justo. Por mucho tiempo ésta ha sido una idea arraigada en la memoria colectiva. En realidad, si los especialistas actuaran como víctimas, su opinión sería la misma, y depondrían su humanismo al defender a su “enemigo”. El planteamiento de abolir la pena de muerte sólo ha estado en discusión  en nuestro país por espacio de unos diez años. Sin duda, cambiar la mentalidad tradicional de los chinos, para que estos acepten la nueva fórmula, requerirá de un largo proceso. El arraigo de la tradición es el mayor obstáculo para abolir la pena capital en un futuro previsible.

Segundo, buena parte de la oposición a la eliminación de la pena capital se entronca con los temores de que se abuse de la práctica de conmutar las sentencias. En muchos lugares, ha sido un secreto a voces que los reos “compran” la conmutación con dinero, o con el poder de alguien que intercede: El término de prisión se puede vender y comprar, la pena capital puede convertirse en cadena perpetua, y ésta puede disminuir a 20 años de prisión. De este modo, la pena puede ser reducida progresivamente. Por ello, el manejo inadecuado  de la conmutación puede significar abolir de hecho la pena de muerte de algunos presos. Si abolimos de plano la pena capital, las personas ricas y poderosas adquirirán el derecho de conmutación de forma automática. Después que se logre la conmutación, un condenado a muerte podrá conseguir la libertad en unos diez años. De tal suerte, el pretendido beneficio deviene forma de tolerar en lugar de castigar el delito.

Desde este punto de vista, es preferible conservar la pena capital a abolirla. Por lo menos, conservarla imposibilita la esperanza de sobrevivir de los presidiarios condenados a muerte, lo que ayudará al autocontrol de la intención de perpetrar un crimen.

Tercero, el “sentido genérico de inseguridad” provocado por la abolición de la pena capital también constituye un factor a tomar en cuenta. Los detractores de su eliminación tienen una psicología “egoísta”: siempre existe en teoría la posibilidad de que ellos mismos sean víctimas del delito. Y es esta posibilidad la que inyecta cierto sentimiento de inseguridad a la gente, haciéndola respaldar la pena capital. Frente a los homicidas, las víctimas y víctimas potenciales constituyen un grupo débil. Incapaces de defenderse, sólo pueden acudir a la ley en busca de seguridad.

La abolición se basa en la perfección del sistema jurídico y judicial. Sin estas condiciones previas, la población no se atreverá a votar a favor irreflexivamente. Después de todo, es la vida de cada cuál la que está en juego.